Friday, November 21, 2014

INMIGRACION: EL OBAMA QUE TODOS ESPERABAN

Preguntas y respuestas sobre las medidas migratorias de Obama

Repasamos los detalles de la acción ejecutiva del presidente

 Washington DIARIO EL PAIS, MADRID21 NOV 2014 - 03:03 CET

El presidente Obama desveló este jueves los detalles de la acción ejecutiva que suspenderá las deportaciones de millones de indocumentados. Hasta cinco millones de sin papeles, según las estimaciones de la Casa Blanca, podrán recibir un permiso de residencia y de trabajo temporal y dejar atrás la amenaza de la deportación.
A pesar del consenso que existe en EE UU acerca de la necesidad de reformar el sistema de inmigración, con el respaldo de más de la mitad de los ciudadanos, el anuncio ya ha despertado duras críticas por parte del Partido Republicano, que amenaza con bloquear su implementación.
¿En qué consiste la acción ejecutiva de Obama?
El presidente cancelará las deportaciones de más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, a los que se otorgará un permiso de residencia y trabajo temporal de tres años.
El objetivo de esta medida es que los indocumentados que tienen hijos estadounidenses dejen de vivir bajo la amenaza de una deportación que les separe de su familia y les obligue a regresar a su país. Los sin papeles que cumplan determinados requisitos -como la ausencia de antecedentes penales o un tiempo mínimo de residencia en EE UU- podrán trabajar de manera legal.

Los últimos datos del Censo estiman que son 11,6 millones de personas. La mayoría llegaron al final de la última oleada migratoria, que empezó en los años 70. En 1990, había 3,5 millones de personas sin permiso de residencia legal en el país, cifra que ascendió a 12,2 millones en 2007. La crisis económica y el endurecimiento de las medidas de inmigración hizo que a partir de ese año descendiera el número de entradas ilegales y aumentaran los indocumentados que regresan a su país.¿Cuántos indocumentados hay en EE UU?

¿Cuántos se podrán beneficiar de esta medida?
La Casa Blanca estima que casi cinco millones de personas.
¿Quiénes son?
Los jóvenes indocumentados que llegaron al país con menos de 16 años y antes del 1 de enero de 2010, a través de la ampliación del programa de Acción Diferida que canceló las deportaciones de jóvenes indocumentados en 2012. Hasta ahora, solo podían solicitar el permiso quienes tuvieran, además, menos de 30 años en el momento de pedirlo y hubieran entrado antes de 2007, pero la Casa Blanca ha eliminado esa condición. La Administración estima que esta situación afecta a 270.000 personas. Los nuevos permisos tendrán vigencia de tres años.
Un segundo programa beneficiará a los padres indocumentados de niños estadounidenses que puedan demostrar haber residido en EE UU más de cinco años y carezcan de antecedentes penales. Una vez regularizados, podrán pagar impuestos y residir y trabajar legalmente en el país.
¿Se beneficiarán los padres de los dreamers?
Obama ha dejado fuera a los progenitores indocumentados de los jóvenes que han logrado un permiso de residencia y trabajo temporal a través del programa de Acción Diferida (DACA) de 2012. Según la Casa Blanca, el presidente se hubiera extralimitado en sus poderes ya que la ley de inmigración vigente solo permite a una persona solicitar el permiso de residencia de un familiar si es residente legal, y losdreamers que se beneficiaron de DACA no lo son.
¿Cuándo se puede hacer la solicitud?
La Casa Blanca estima que el sistema para regularizar a los padres indocumentados de niños estadounidenses llegará en la primavera, mientras que el de los dreamers estará listo un poco antes.
¿Habrá permisos para trabajadores agrícolas?
Las medidas de Obama no incluyen visados de trabajo temporales para trabajadores agrícolas. Según miembros de la Administración, sí podrán acogerse a los programas de acción diferida, si cumplen los requisitos necesarios, para evitar la deportación.
¿Habrá visados para profesionales especializados?
El presidente Obama no creará un visado para los trabajadores especializados en sectores como el científico o de tecnología. Sin embargo, sí ha ordenado la creación de un grupo especializado de trabajo para determinar la mejor manera de otorgar esos visados para responder a la demanda de profesionales en el sector.
¿Habrá nuevas medidas de seguridad en la frontera?
La Casa Blanca quiere reforzar los recursos para la seguridad fronteriza de manera que se impida la entrada de nuevos migrantes y sea más fácil deportar a aquellos que sean interceptados en la frontera.
¿Cuál será la nueva prioridad en las deportaciones?
La orden ejecutiva de Obama modificará el objetivo de los recursos destinados a las deportaciones, con mayor énfasis en la seguridad en la frontera y un nuevo programa de Comunidades Seguras de manera que se pueda expulsar más rápidamente a aquellos indocumentados que representen una amenaza para la seguridad o hayan entrado recientemente en el país.
¿En qué situación quedan los menores no acompañados que llegaron este verano?
Los menores que llegaron a la frontera en el verano de 2014 están considerados como prioridad en el orden de deportación, ya que su entrada ilegal en el país fue posterior al uno de enero de este año. Asimismo, se expulsará a quienes hayan desobedecido una orden de deportación emitida después del 1 de enero de 2014.
¿Los beneficiarios de la acción ejecutiva serán ciudadanos de EE UU?
No. El presidente carece de autoridad para dar la ciudadanía a los indocumentados de manera automática. La orden ejecutiva solo le permite modificar cómo se aplican las leyes, por lo que sí puede decidir a quién se deporta o no. Al establecer nuevos criterios, Obama quiere impedir la expulsión de aquellos que cumplan estos requisitos pero no serán ciudadanos automáticamente.
¿Qué ocurrirá con el resto de indocumentados?
Los millones de personas que no cumplan los requisitos para evitar la deportación tendrán que esperar a una reforma del sistema migratorio más amplia, como la que impulsó el Senado en 2013. Si EE UU quisiera deportar a todos los indocumentados, incluso a un ritmo como el actual, de 400.000 al año, tardaría tres décadas.
¿Qué es una orden ejecutiva?
Se trata de una medida que puede firmar el presidente de EE UU para legislar por decreto o modificar la aplicación de una ley ya existente. Como tal, puede ser recurrida en los tribunales, revocada por su sucesor o bloqueada por el Congreso si, como amenazan los republicanos, le niegan los fondos presupuestarios para aplicarla. Obama ha invitado a los líderes republicanos a completar la reforma migratoria para ampliar los efectos de la orden anunciada este jueves.
¿Cómo ha llegado Obama hasta aquí?
En 2007 fracasó el último intento de aprobar una reforma del sistema migratorio de EE UU. Al año siguiente Obama prometió durante su campaña electoral que impulsaría un nuevo sistema, un objetivo que todavía no ha logrado. El desgaste de las negociaciones de la reforma sanitaria y la victoria de los republicanos en las legislativas de 2010, cuando lograron la mayoría en la Cámara de Representantes, y su oposición a la regularización de indocumentados complicaron aún más las negociaciones. En 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma migratoria, el más ambicioso en las tres últimas décadas, pero sigue bloqueado a falta de la ratificación en la Cámara. El presidente ha defendido que solo emplearía una orden ejecutiva a falta de acción en el Congreso, como ha ocurrido finalmente.

Thursday, November 20, 2014

THE DRAMATIC SITUATION IN EAST JERUSALEM

Spending a few days in East Jerusalem left me terrified. Here’s why.

TEL AVIV — Tuesday night, East Jerusalem was almost disturbingly quiet. After two of the city's Arab residents murdered five Israelis in a synagogue, Israeli police were out in force. But as I wandered around in the heavily Arab parts of town, there was almost no sign of struggle.
The quiet was false. Israeli police have set up new checkpoints outside of Arab neighborhoods. On Thursday morning, soldiers went into the Shuafat refugee camp in East Jerusalem. They were informing relatives of Ibrahim al-Akkari, who killed one Israeli and wounded five by ramming into them with his car on November 5, that their home would be destroyed. According to Ma'an News Agency, clashes broke out in the camp between Palestinian residents and the soldiers. The same day, Israeli police intercepted a cache of "fireworks, knives, and tasers" allegedly destined for East Jerusalem rioters.
This tension isn't just a response to the synagogue killing — the worst single attack on Israeli civilians in three years. It's about the broader, months-long unrest in East Jerusalem from which the attack sprung. The day before the synagogue attack, I saw Israeli police shut down a road. One observer told me that a thrown stone had smashed through a cab's windshield, apparently into the cabbie. This was just blocks from my hotel.
The Jerusalem violence is being propelled by forces beyond either the Israeli or Palestinian leadership's control. The longer it goes on, the greater the risk of governments being pulled in — posing a threat to the fragile lull in national violence after the summer's war in Gaza.

East Jerusalem is neither fully Israeli nor fully Palestinian — which makes it uniquely hard to manage

israeli security issawiya
Israeli security forces stand guard during a protest in Issawiya. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)
Walking around the city, it's not obvious what divides East Jerusalem — the part of the city Israel conquered in 1967 — from its western sibling. But East Jerusalem, home to about 98 percent of the city's Muslim residents, really is different. Its Arab residents are significantly poorer than the Jewish ones. In fact, they aren't even Israeli citizens. Unlike Arab residents of Israel proper, East Jerusalem residents aren't considered Israeli: any peace deal would require handing over a large percentage of East Jerusalem to the Palestinian Authority.
But East Jerusalem's Arabs aren't exactly Palestinian, either. Israel annexed East Jerusalem after conquering it in 1967, so the Israeli government, not the Palestinian Authority, runs the area.
That means, in practice, that East Jerusalemites don't have meaningful political leadership. They're allowed to vote for local Jerusalem offices (though not in Israeli national elections), but they refuse — they see themselves as under Israeli occupation, and thus see voting as collaboration. In the 2008 local election, just 1.8 percent of eligible East Jerusalem Arabs voted.
The bottom line, then, is that you've got an impoverished, disenfranchised population that's just blocks away from Israeli communities in both West and East Jerusalem. The PA has no authority over them, and they don't respect the Israeli authorities. This is a situation rife for provocation — and lots of people are happy to give them one.

Forces beyond the leadership's control conspire to make Jerusalem violent

A Palestinian holds a Molotov cocktail in Abu Dis.
A Palestinian holds a Molotov cocktail in Abu Dis. (Anna Ferensowicz/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)
The political vacuum in East Jerusalem is easy for extremist factions on both sides to exploit. The popular anger among East Jerusalem Arabs makes it easy to inflame tensions, and hard for governments to lower them.
That's how the current spate of riots and violence really got started. The anti-Israeli violence escalated considerably after the July murder of Muhammed Abu Khdeir — a Palestinian teen killed by Jewish extremists in retaliation for the killing of three young Jews. Khdeir's killing, which took place in East Jerusalem, inflamed latent anti-Israeli sentiment. There was already some violence in Jerusalem's Arab neighborhoods, but it escalated seriously after that.
The existence of this underlying anger makes provocation extremely dangerous. Take the Temple Mount, the holy site for Jews and Christians. Right-wing Israeli activists, includingKnesset members in the governing coalition, having been waging a campaign to assert Jewish rights to pray anywhere on the Temple Mount. Right now, Jews are are allowed to visit the summit, but not pray openly there. This is a compromise of sorts — Jews are free to pray in front of the Western Wall, widely considered to be the holiest Jewish site that's accessible for prayer — but not at the top of the Mount itself.
The situation is volatile. Arabs perceive the push to change the Temple Mount status quo as a means of asserting Jewish control over a shared holy site (it's currently managed by the Islamic Waqf). So the campaign to expand prayer had infuriated East Jerusalem's Palestinians: one prominent Jewish Temple Mount activist was nearly assassinated. More inflammatory actions from activists could result in even more East Jerusalem violence.
But Palestinian rioters and terrorists don't always need to be provoked. The perpetual low-level violence since July, which has gotten more lethal in the past few weeks, are a testament to that.
According to the head of the Shin Bet, Israel's equivalent of the FBI, these incidents are almost all conducted by lone wolves. Because the violence is uncoordinated, it's hard to detect. And the more violence there is, the more likely Israeli authorities are crackdown.
The point, then, is that Israeli and Palestinian extremists alike can bypass their official leadership if they want to make the situation worse. Netanyahu has a lot of trouble reining in the hard-right Knesset members in his coalition — let alone private Temple Mount activists. And Palestinian President Mahmoud Abbas has no real power over random young men in East Jerusalem. The two groups can aggravate each other directly, conspiring to deepen the crisis.

The situation is incredibly precarious

Palestinian boys toy gun
Palestinian boys with a toy gun in Shuafat. (Thomas Coex/AFP/Getty Images)
The fact that governments can't really stop provocations or violence from happening doesn't mean that they don't play an important role here. Palestinian and Israeli authorities can calm the situation — or escalate it.
Abbas, for his part, did the right thing condemning the synagogue attack. That said, a constant drumbeat of angry rhetoric from his office hasn't calmed the situation. When Abbas warned about Jews "contaminating" the Temple Mount, and vowed to defend it from incursions, it sounded an awful lot like a justification for violence. Though the Shin Bet chief believes Abbas isn't intentionally trying to escalate the violence, he also believe the Palestinian leader's words are part of the problem: "some part of the Palestinian public views [Abbas'] statements as legitimizing terror."
Netanyahu also needs to keep a careful lid on the Israeli policy response. On Thursday, virtually the entire Israeli security establishment — Defense Minister Moshe "Boogie" Ya'alon, the top military brass, and leading police officials — told him that keeping the military there would make things worse, not better. "Both the IDF and police fear that soldiers would be too quick to fire at demonstrators or exaggerate when using riot control measures,Ha'aretz's Amos Harel reports. Netanyahu needs to avoid making a bad situation even worse.
But the leaders aren't even fully in control of their own actions. There's a lot of Palestinian support for "resistance" against Israel. Israelis just want their government to do something to stop the violence. Naftali Bennett, leader of the Jewish Home party and Netanyahu's chief rival for the leadership of the Israeli right, has called for an extended military operation in East Jerusalem aimed at stopping the attacks.
So Palestinian politics inclines Abbas to back the violence, while Israeli politics points Netanyahu towards a harsh response. The longer violence goes, on, the greater the danger of some kind of escalation becomes.
And in this case, escalation would mean a full-blown intifada, a national Palestinian uprising against Israel. The last one ended in 2005, but not before it claimed thousands of lives. The unrest is contained to Jerusalem right now, but there's no guarantee that West Bank Palestinians stay quiet forever. This isn't yet the third intifada, and it's far from inevitable that it becomes one. But even a risk of one makes the growing instability in Jerusalem really, really scary.

EUobserver / Western Balkans: Nationalism is not the answer

EUobserver / Western Balkans: Nationalism is not the answer

Los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes 2014

Los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes 2014

EGYPT AFTER MUSLIM BROTHERHOOD

Can Sisi Break Egypt's Cycle of Authoritarianism?


MARINA OTTAWAY
THE NATIONAL INTEREST
NOVEMBER 19.
In January 2011, Egyptians took to the streets in large numbers, clamoring for the end of the thirty-year reign of Hosni Mubarak and demanding bread and dignity. In June 2013, fearful of the changes the Muslim Brotherhood might introduce, they again took to the streets in large numbers, clamoring for the end of the one-year presidency of Mohammed Morsi. The ensuing takeover by the military brought Egypt back full circle to authoritarianism. With the exceptions of the Muslim Brothers and other Islamists, Egyptians appeared ready to accept the return of a system that denied participation, but promised order and stability.
The lamentable circle that brought the military back to power, despite the hopes raised in 2011, risks being replicated in the future. The problems that led to that uprising continue to fester and will not be solved easily. With avenues to political participation closed by the new regime, discontent could easily lead to a new upheaval, followed by renewed fears of radical change and, again, acceptance of authoritarianism. To avoid a repeat performance, the government needs to reopen the political space for moderate, secularist parties and organizations of civil society immediately, so they can become an effective counterweight to the Islamist organizations that at some point will themselves have to be allowed back into the political system. 
Change and the Fear Factor
The renewed acceptance of military rule and authoritarian politics in Egypt is not the result of a peculiar Arab aversion to democracy. Rather, it is a common phenomenon—the typical reaction by elites in power and middle classes that have found a precarious niche in their country’s system to changes that threaten their interests. It is the same reaction that explains popular support for the rise of fascist regimes in Europe, the return of military dictatorships in some Latin American countries after periods of democracy and more generally, the failure of many attempted democratic transitions. The consequences of political openings in all those cases became threatening, even to those that advocated the change.
The 2011 uprising was not a revolution, as many Egyptians like to think. There was no project of far-reaching political and socioeconomic transformation on the part of most of those who participated in the demonstrations, and even the leaders did not appear to have a vision for a new society. Nevertheless, the uprising triggered a chain of events that potentially threatened the vested interests not only of a few people at the top, such as the Mubarak family and its close business associates, but of a much larger stratum of professionals and bureaucrats.
When the free parliamentary elections of 2012 gave 70 percent of parliamentary seats to the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party and other Islamist parties, and Mohammed Morsi—a Muslim Brother—became president, the old, largely secular elite that ruled Egypt feared it would be replaced by Islamist upstarts.
The array of people potentially threatened was large: the top layers of an extremely well-entrenched bureaucracy; a stratum of well-educated secularists that was critical of the Mubarak regime, was dissatisfied about the lack of individual freedoms and the paralysis of the political system, but ultimately was comfortably ensconced in the professions, the universities and the media; and a business community that had benefited from the liberalization of the economy promoted by Mubarak and, above all, his sons. Many, possibly most, of them genuinely wanted some change—as long as it did not threaten them. And below this professional stratum, was a much larger layer of Egyptians worried by instability and continuing economic stagnation and ready to blame it on the Muslim Brotherhood as they had blamed it on Mubarak earlier.
The Muslim Brothers were clearly a political threat to the old secular elite. They had much greater capacity to mobilize popular support, as seen by election results. Socially and culturally, they were an alien group. True, many of their leaders were highly educated, including in the universities of Western countries where they favored degrees in medicine, science and engineering over the liberal arts. Education did not keep them from being looked down upon as ignorant by much of the old elite. Their culture and values were different. They were part of another social milieu and engendered apprehension even before they had done anything.
The issue of women rights is revealing in this respect. During their brief tenure in office, the Muslim Brothers did nothing that affected the position of women in the society. They passed no new laws, imposed no new limitations. True, women continued to face many problems, but they did so under Mubarak and do so under al-Sisi. Nevertheless, secularists invariably denounced the curtailment of women’s rights as if the Muslim Brotherhood had been acting like the Taliban, raising the specter of what would happen to women under the continuing rule of the Muslim Brotherhood.
This is not to say that Muslim Brothers did not bear any responsibility for the fears they engendered. With no previous government experience, they were not well placed to run the country. Their policies were uncertain, with rash announcements and sudden reversals. Decisions were taken not just by officials in government positions, but also by the Muslim Brotherhood guidance bureau, which should not have had a governing role. Muslim Brothers were appointed to high positions in the ministries, leading to accusations that Egypt was being “brotherized.”
But an overall assessment of the period when the Brotherhood was nominally in power leads to the conclusion that the organization really controlled very little. It had no authority over the military and the police. For every Brotherhood member placed in a high position in the bureaucracy, there were dozens appointed under the thirty years of Mubarak’s rule and deeply opposed to the new government. The judiciary was hostile and dissolved the parliament within a few months of its inauguration. And Morsi was president for only one year, much of the time amidst demands for his ouster.
But the fears of what might happen were genuine, although not entirely spontaneous; by fall 2012, the media was engaged in a relentless anti-Morsi campaign. As a result, many Egyptians applauded the military coup carried out in July 2013 in the wake of massive demonstrations that the military and police had helped organize. They continued applauding in the following weeks as the new government brutally dispersed Muslim Brotherhood protesters, and then proceeded to arrest thousands of Islamists, as well as any other Egyptian daring to protest against the new regime. In April 2014, voters elected by an overwhelming majority the coup leader, the newly retired Field Marshal Abdul Fattah al-Sisi, as their next president.
But tensions remain. Although public protest has practically ceased except on university campuses, the government does not trust public gatherings—it even limited public celebrations of al-Sisi’s inauguration. But by and large, Egyptians seem to have settled down to an apathetic acceptance of the military-backed regime.
Democratic processes such as free elections had simply proven too dangerous. For those who live in stable democratic systems, the superiority of democracy over other political systems appears self-evident. For those who experience the disruption caused by transformation and the threat to their personal position, democracy and its advantages are at best a long-term hope, while the problems are immediate and real. And the larger the number of people threatened by the transformation, the more broad-based the resistance to change is going to be.
Democratization, Socialism and the Rise of Fascism in Europe
I have drawn a parallel earlier between the Egyptians’ acquiescence to a new authoritarian, military-backed regime and the acceptance of fascism in many European countries in the 1920s and 1930s. By drawing that parallel, I am not implying that the new regime of Abdel Fattah al-Sisi is a fascist regime. While some of its adversaries do denounce it in those terms, this is a meaningless accusation, as was the accusation of fascism directed against Morsi. Used accurately, the word fascism denotes not just an authoritarian regime, but a political system with ideological and political characteristics not found in Egypt either under Morsi, or under al-Sisi. Used loosely, the word is just a political insult.
But there is parallel between the reasons that led many Europeans to accept fascism and those that led Egyptians to submit willingly to a new authoritarianism. The drive toward liberalization and democratization in Europe after World War I took place under very difficult circumstances, as did the attempted transformation in Egypt after the uprising. The liberal political parties that carried the demand for democracy were weak, and the governments they led were unstable and ineffective—this was true in Italy, Germany and Spain, for example. These weak liberal political forces competed against socialist ideologies, which had a more powerful appeal to war-impoverished populations than the more abstract ideals of democracy. The success of the October Revolution in Russia added to the appeal of socialism. As a result, democratic elections, which had initially led to the formation of liberal governments, were playing in the hands of socialist parties. This terrified elites and middle classes alike into accepting fascism and its promise of order and stability. By the time people understood that this is not what they were getting, it was too late.
Italy had a long succession of rather weak, unstable governments at the end of the nineteenth century. Whatever stability existed was undermined first by World War I and the enormous problems it brought in its wake, and then by a change in the rules of the political game: the suffrage was extended to all males age 30 and over in 1912, and to all males 21 and over in 1918. This tripled the size of the electorate and changed its nature. The result was a large increase in support for leftist parties, with the Italian Socialist Party, radical at the time, gaining 32 percent of the vote in the 1919 elections. The fears of the middle class and the business elites grew exponentially.
This is when the Fascist Party, with its Black Shirts militias, started organizing to stop the rise of the trade unions and the left, with considerable success in northern Italy. In 1922, Benito Mussolini organized a “march on Rome” in which thousands of Black Shirts converged on the capital. Contrary to the myth the Fascist party was later to propagate, they did not storm the city and conquer it. Rather, the march frightened the king and the authorities into acquiescence, with the king finally making Mussolini prime minister. Mussolini’s display of force, but also of public support, won the day.
This was the first step toward the fascist takeover of Italy, combining superficial elements of a democratic process with the use of mass action and force. The liberal/conservative parties that had ruled Italy until then were alien to mass politics—they had developed and thrived in the days of restricted suffrage and did not adapt quickly enough. Socialists and Fascists, on the other hand, were organized for mass politics. The Fascists won out with the support of the king, and political and business elites, as well as much of the middle class, were initially relieved that the threat of socialism had receded. It took another thirty years, and the Second World War, before Italy’s democratic transformation resumed.
A similar phenomenon unfolded in Germany, fueled by the dislocation caused by the war and later by the Great Depression, as well as by the success of socialist parties. As in Italy, the fear that the parties of the left would take advantage of democratic elections to take over power generated support for the Nazis. German socialist and communist political parties received consistently about one third of the vote in the elections of 1920, 1924, 1928, 1930 and 1932. But in 1930, the Nazi Party, electorally marginal until then, gained 18 percent of the vote, increasing its share to 37 percent in 1932 and 43 percent in 1933. That January, Hitler was named chancellor by President Hindenburg. His appointment was legal, but his political rise was rooted in violence and hatred.
Italians and Germans after the First World War, like the Egyptians in 2011, wanted both political and economic change. The Tahrir slogan of bread and dignity could easily have been used by them as well; and for many at that time, socialism represented bread and dignity. For others, it was the ultimate threat.
Neither Germany, nor Italy experienced socialism. They did experience, however, the disruption and violence that surrounded the socialist project and many gave up on change and turned to the parties that promised order and stability, with “trains running on time.” Similarly, Egyptians did not experience an Islamist state either. Whatever the Muslim Brotherhood had in mind in the long run, it certainly did not turn Egypt into an Islamic republic while in power. It did not have the control, or even the time, to introduce radical changes.
It was fear of what might happen more than rejection of what had happened that led ordinary people in all countries under discussion to accept an authoritarian solution, putting an end to the democratic experiment. Ordinary people in Italy and Germany did not get the stability they had hoped for, but a different extremism. What Egyptians are getting so far is not an extremist regime, but an authoritarian one that does hide the fact that the democratic project has been shelved indefinitely.
One lesson that can be derived from the three cases is that political openings that threaten to lead to radical change are easily derailed not only by political elites who want to maintain their power, but by ordinary citizens fearful of the unknown. And the three cases also show that the cure for the threatened change can be as bad as the feared change itself, and that by the time this becomes clear, it is too late for ordinary citizens to do anything. Italy and Germany traded the possibility of communism for the reality of fascism and Nazism. Egypt has traded the fear of the “brotherization” of Egypt for the reality of a new authoritarian regime that makes it clear that the state knows best what is good for citizens and will not tolerate dissent. Neither the threat posed by the Muslim Brotherhood, nor the response of the current regime is as extreme as the threats and responses Italy and Germany experienced, but the mechanism that led Egyptians to accept the coup is the same.
The End of Fear and the Rise of Democracy
In the early days after the 2011 uprising, many analysts singled out the “end of fear” as the most important change that had taken place in the country. The assessment was premature. Fear has had a major impact on the country’s trajectory, allowing the al-Sisi regime to consolidate its power.
The new regime controlled the raw power of the military and the police from the outset, and it is slowly moving to revive institutions that will provide it with a façade of legality. Parliamentary elections will probably be held by the end of 2014, completing the formal transition. The regime may even be taking some steps in reining in a judiciary that backed the government with an excess of zeal—a judge who sentenced hundreds of Muslim Brothers to death in the space of a few hours has been removed. But continued repression not only of Islamists, but all other dissident voices suggests a clear intention to make Egypt again into the closely controlled society it has been for decades under Nasser, Sadat and Mubarak, erasing January 2011.
Sooner or later, the demand for political change will revive. The social, economic and political problems that triggered the 2011 uprising persist. While the economy might recover relatively quickly from the slump brought about by four years of unrest and lack of governance, the underlying chronic problems cannot be remedied easily. And the new government is closing the door to all forms of political participation, even while going through the motion of restoring formally democratic processes. A series of new laws passed by the cabinet in the absence of a parliament is limiting the role of political parties in elections, adding new restrictions on civil-society organizations, imposing harsh penalties on protesters and allowing universities to dismiss dissident students and faculty members. The closing of the legal political space makes a gradual process of political reform unlikely, increasing the probability that a new uprising will take place, but also that the vicious circle will be repeated, with sudden change generating fear and leading anew to acceptance of authoritarianism.
In Italy and Germany, that vicious circle was broken by a devastating war that destroyed the regimes and much of their countries. The reconstruction was led, under United States tutelage, by political elites that had learned a hard lesson about all forms of extremism. These circumstances will not be replicated in Egypt. What, then, can break the vicious circle?
Countries that have successfully broken the pattern of authoritarianism provide some insights. Not all the experiences were smooth or desirable. Some countries got to democracy through violent upheavals and much turmoil before they settled down—France is the best-known case. In other cases, democracy was made possible by the utter defeat of the old regime in a war—Germany, Italy and Japan are cases in point. Or mechanisms were adopted to introduce democracy gradually—an example of this is the slow enlargement of the franchise in Britain and also in the United States, where a large part of the African-American population was de facto disenfranchised until the 1960s.
In other cases, the fear of radical change was neutralized to some extent by a more or less explicit agreement among members of competing elites to some form of power-sharing. The most recent of these pacted transitions, as they have often been called, is that of Tunisia. The Islamist Ennahda party and members of secular and leftist parties managed to negotiate with the help of the labor unions and other civil-society organizations a compromise roadmap, avoiding a confrontation. In the process, Ennahda gave up the power that it had legitimately won through elections, making it possible to reach an agreement on a new constitution and new elections. Another factor that has helped break the vicious circle of authoritarianism in some countries is the fragmentation of political parties that forced the formation of coalition governments.
The best way for Egypt to break the vicious circle of authoritarianism would be some form of pacted transition. Pacted transitions have many forms, but they are all based on an agreement among major political actors to limit their own ambitions and not to grab as much power as possible in order to avoid creating conflict and the fear reaction that leads back to authoritarianism. Pacts can take the form of the formation of national unity governments; the acceptance of some power-sharing among major political actors; commitment by all parties to respect a set of principles of governance before elections are held and governments are formed; and many others. To be sure, pacts do not always work: governments of national unity easily break up, both because of the intrinsic difficulty of reconciling conflicting programs or because a particular party or leader sees a chance to grab more power; the government of national unity formed in Iraq in 2010 soon turned into a Shia-dominated one. Power-sharing agreements can become extremely undemocratic in the long run, giving a monopoly of power to a few parties that stay in power too long and eventually become bloated and corrupt, as it happened in Venezuela. Agreed-upon principles can be violated. Still, they are a better alternative to power-grabbing by one actor.
But pacted transitions can only work when there is a balance of power among political actors, and this is what Egypt woefully lacks. Egypt’s post-uprising transition was doomed by the imbalance between Islamist and other political parties. It made the Muslim Brotherhood arrogant, as their opponents remarked, but it also made secular parties petulant in their demands for equal representation—for example, in the constituent assembly, after they had been soundly defeated in the elections. It was also doomed by the weakness of civil-society organizations, which could not act as intermediaries.
The present regime has forcibly removed Islamists from the political scene, arresting thousands and banning their parties. Whether such policy was justified or not, whether the military intervention constituted a coup or a response to popular demand, are issues that will continue to be hotly debated. No matter the answer, the removal of Islamists for the time being provides an opportunity for the growth of other political parties and organizations of civil society. At some point, this could create conditions for a pacted transition involving strengthened secular parties and the chastised and reformed Islamist organizations that are bound to reappear.
Unfortunately, the al-Sisi regime seems to be determined to curb all political activity, not just Islamist parties. If the regime does not allow for a more normal political life in Egypt now, allowing political parties to strengthen and thus creating conditions leading eventually to a pacted transition, the country is all too likely to repeat another wretched cycle of political stagnation, sudden upheaval, fear and authoritarianism.
Marina Ottaway is a senior scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Image: Wikimedia Commons/RogDel/CC by 2.0